La directora general de Ordenación Académica, Aurora Fernández, afirmó que, gracias al protocolo existente en la Comunidad de Murcia sobre las agresiones a los profesores y la normativa sobre el acoso escolar, “se ha clarificado mucho el procedimiento de actuación”.
Así, expuso que cuando se produce una situación de estas características, “está el profesor, el profesional, el director, el psicopedagogo y saben en qué momento tienen que intervenir y cuáles son sus funciones”, por lo que consideró que “una parte de ese camino sí que se ha avanzado”.
Es por ello por lo que opinó que “se pueden minimizar” estos casos y que en la Región “los que se han detectado son mínimos”. De hecho, precisó que el pasado curso, se registraron 35 solicitudes “sólo de intervención de los equipos específicos de convivencia escolar desde el punto de vista del alumnado, pero de esos, sólo tres o cuatro casos estaban tipificados como acoso escolar”.
En esta línea, recordó que durante el pasado curso, “se hicieron dos líneas de trabajo” consistente en “un protocolo de actuación en caso de denuncia a un empleado público, en este caso a un profesor”, y una segunda, centrada en los alumnos.
En el primero de los casos, señaló que el protocolo “actúa con bastante diligencia, puesto que interviene inmediatamente inspección y el servicio de Prevención de Riesgos Laborales”, por lo que apuntó que “aunque no se tenga una guía editada como tal, es un protocolo muy difundido y que conocen ya en los centros perfectamente, ya que se aplicó el pasado año”.
Normativa “bastante extensa”
En relación al alumnado, Fernández argumentó que “se ha desarrollado una normativa bastante extensa, además de contar con materiales de apoyo en este tema”. “En octubre de 2005 ya se publicó el decreto que establece las normas de convivencia en los centros, que es el marco general y, a partir de ahí, se han desarrollado otras actuaciones para mejorar la convivencia y no sólo cuando el conflicto se ha producido”.
Así, puso de manifiesto que “hay una orden como desarrollo del decreto que establece medidas que se organizan en los centros con un plan de convivencia, además de medidas específicas a fin de prevenir casos de acoso e intimidación entre alumnos”.
